Periodista interpuso una denuncia penal contra la jefa de Estado al considerar que la reciente suscripción no solo es una “afectación directa a la soberanía marítima nacional”, sino que colisiona con lo estipulado en la Constitución.
La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia. Esta vez, por presunta traición a la patria luego de suscribir el denominado Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia. La demanda, interpuesta por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. ante la Fiscalía de la Nación involucra directamente a la mandataria en calidad de persona natural y a la Presidencia de la República en su condición institucional.
La queja presentada sostiene que la reciente suscripción del Tratado de Alta Mar implica una “afectación directa a la soberanía marítima nacional” al considerar que el acuerdo colisiona con lo estipulado en la Constitución. Específicamente el artículo 54 que reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas marítimas adyacentes a la costa del país.
La denuncia también puede interpretarse como un acto que “compromete la seguridad o integridad territorial del país”, lo que encajaría en la figura legal de traición a la patria. En ese sentido, sostuvo que “cualquier tratado que implique cesión o limitación sobre el dominio marítimo resulta inconstitucional y constituye una afrenta directa contra la integridad nacional”, según declaraciones recogidas por el diario Expreso.
Sobre el tema, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería emitieron un comunicado donde advirtieron que la firma representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
“Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada“, escribieron. No obstante, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela alegan una falta de información por parte de los críticos.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la firma no implica una merma en los derechos del país sobre su dominio marítimo. “Es un tratado ambiental que el Perú puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Quien dice lo contrario, miente; no está informando correctamente”, expresó en RPP.
Por su parte, De Zela arguyó que las opiniones contrarias pueden deberse a la confusión con otros instrumentos legales como la Convención del Mar (Convemar). “Hay una discusión con la vinculación de Convemar, pero eso responde a la ignorancia. La gente que critica no lee. Este tratado dice claramente que no se aplica a las 200 millas nacionales”, aclaró en Canal N.
¿Qué es el tratado de Alta Mar?
El Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés), es un acuerdo internacional alcanzado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023. El objetivo central del tratado es crear el primer marco jurídico global y vinculante para la protección de la biodiversidad en las áreas oceánicas que quedan fuera de cualquier jurisdicción estatal, es decir, más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de cada país.
Esto corresponde a aproximadamente dos tercios de la superficie marítima del planeta; sectores que, hasta la adopción del tratado, carecían de una regulación ambiental internacional efectiva. El acuerdo propone la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de actividades como la pesca, la minería submarina y la bioprospección genética, así como pautas para la equidad en el acceso y el reparto de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
