El escándalo por el presunto cobro indebido de S/ 50,000 a cambio de un informe favorable para la devolución de una carta fianza sigue escalando. La alta dirección del Gobierno Regional de Áncash (GRA) ha solicitado formalmente a la Procuraduría General del Estado una investigación sumaria y la separación inmediata del procurador regional encargado, David Esdras Minaya Díaz.
La medida fue formalizada a través del Oficio N.º 372-2025, firmado por el gerente general del GRA, Marco La Rosa Sánchez Paredes, y dirigido a la procuradora general del Estado, María Carhuajulca Quispe. El documento se basa en la denuncia pública realizada el 26 de mayo por Úrsula Gonzales, administradora de la empresa Serpiente de Oro, que ejecuta una obra en la provincia de Aija.
Según la denuncia, el abogado de la empresa, Fernando Ortiz, recibió una solicitud de pago de S/ 50,000 por parte del procurador regional encargado, a cambio de emitir un informe legal que autorice la devolución de una carta fianza valorizada en S/ 743,000. La acusación ha sido considerada “de suma gravedad” por la administración regional.
Adicionalmente, mediante el Oficio N.º 371-2025, el GRA también ha solicitado al Ministerio Público (Fiscalía Provincial Penal de Turno) que adopte acciones urgentes para investigar los hechos y determinar responsabilidades.
LA CORRUPCIÓN NO PUEDE SER UNA OFICINA MÁS DEL ESTADO
La contundencia de la denuncia y la inmediata reacción del Gobierno Regional deben reconocerse como pasos necesarios, pero no suficientes. Estamos ante una posible expresión de corrupción estructural, donde la legalidad encarnada por la Procuraduría se convierte en una herramienta de chantaje. Eso no solo es inmoral, sino criminal.
No se puede permitir que funcionarios que deben defender los intereses del Estado negocien con ellos. Si se comprueba que hubo pedido de dinero para favorecer un trámite legalmente sustentado, como lo es un laudo arbitral, el procurador no solo debe ser separado, sino procesado penalmente con todo el rigor que la ley permite.
La lucha contra la corrupción no se gana con comunicados, se gana con sanciones ejemplares. Y este caso puede ser un parteaguas para que en Áncash se comience a desmontar esa cultura del cobro por debajo de la mesa que tanto daño ha hecho a su desarrollo. La ciudadanía exige justicia, no discursos.
