La situación actual del Perú se ha tornado crítica: Más allá de los titulares que se renuevan cada día con escándalos, cifras de violencia o decisiones cuestionables del gobierno, lo que vive el país es una descomposición institucional profunda. La inseguridad ciudadana, la minería ilegal y la corrupción han dejado de ser problemas aislados para convertirse en síntomas de una enfermedad estructural que carcome al Estado desde sus cimientos.
Inseguridad fuera de control:
Las calles de muchas ciudades peruanas -desde Lima hasta las regiones más alejadas- se han convertido en territorios donde el ciudadano común vive con miedo. Asaltos, extorsiones, sicariato y robos violentos se han vuelto parte del día a día. Lo más alarmante es que el gobierno central parece completamente rebasado. Ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas logran contener esta ola de violencia. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo son insuficientes, reactivas, y en muchos casos más simbólicas que efectivas.
La sensación de abandono por parte del Estado es generalizada:
En muchos barrios y comunidades, la ley que impera no es la del Estado peruano, sino la de bandas criminales y mafias organizadas que operan con total impunidad.
Minería ilegal: un Estado paralelo
Otro foco de deterioro es la minería ilegal. Lo que en su momento fue una actividad marginal, hoy constituye una industria paralela multimillonaria que financia redes de corrupción, violencia y crimen organizado. En regiones como Madre de Dios, Puno o Amazonas, la minería ilegal ha desplazado a la actividad formal, ha destruido ecosistemas enteros y ha instaurado un modelo económico extractivo que no paga impuestos, pero sí impone su propia ley.
El Estado no solo ha sido incapaz de erradicar este flagelo, sino que en muchos casos sus autoridades han sido cómplices, ya sea por omisión o por colusión directa. Hay fiscales, policías y políticos que se benefician de este negocio sucio, haciendo imposible una solución desde adentro.
Corrupción que ya no escandaliza:
La corrupción en el Perú ha alcanzado un nivel de normalización que resulta preocupante. Ya no sorprende que un alcalde robe, que un gobernador regional tenga denuncias graves o que los ministros estén implicados en negociaciones oscuras. Incluso la Presidencia de la República parece envuelta en una permanente inestabilidad marcada por intereses personales y no por un compromiso real con el país.
La corrupción atraviesa los tres niveles del Estado -nacional, regional y local- como un virus resistente que ha aprendido a mutar y adaptarse. Los controles institucionales han perdido fuerza, los organismos de justicia están sobrecargados o contaminados, y la ciudadanía, agotada por la falta de resultados, ha caído en una resignación peligrosa.
Un llamado a la conciencia colectiva:
Lo que vive el Perú hoy no es solo una crisis política o económica. Es una crisis moral e institucional. El país necesita algo más que reformas cosméticas o discursos populistas: necesita una regeneración ética, un pacto ciudadano que devuelva el poder a una sociedad civil activa y exigente.
Aquí tienes una gráfica tipo torta que podrías usar en tu publicación. Representa la percepción sobre los principales problemas que enfrenta el Perú: inseguridad ciudadana, corrupción, minería ilegal y otros.
