La Contraloría General de la República ha revelado serias irregularidades en la ejecución del proyecto «Boulevard Turístico y Ecológico del Río Quilcay», desarrollado por la Municipalidad Provincial de Huaraz bajo la gestión del alcalde David Rosales Tinoco. Según el Informe N. 3609-2025, se aprobaron cinco modificaciones presupuestarias sin sustento técnico ni legal, incluyendo el controversial «Adicional de Obra N.º 02», lo que incrementó el costo en S/ 727,515.
Irregularidades en la ejecución del proyecto
El informe señala que el 31.98% del monto original del contrato, que ascendía a S/ 5.3 millones, fue destinado a partidas cuestionables, como el «mejoramiento de subrasante» y la instalación de «barandas metálicas», las cuales fueron ejecutadas parcialmente y sin autorización.
El gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Billy Chamana, aprobó estos pagos a pesar de que el estudio de suelos inicial era deficiente, con solo tres calicatas analizadas en comparación con las 11 realizadas en la revisión posterior, donde se detectaron materiales inadecuados, como bloques de yeso y basura, que no fueron reportados originalmente.
Además, la Contraloría detectó un presunto sobrecosto en los metrados. Las bermas y veredas adicionales (1,130 m²) superaban significativamente el área real verificada (818.60 m²), lo que representaría un sobrecosto del 38%. Falta de presupuesto y paralización inminente.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el déficit presupuestal de S/ 1.18 millones para 2025, lo que podría llevar al abandono y paralización de la obra. A pesar de que el proyecto tiene un avance físico del 35.38%, la municipalidad no cuenta con los S/ 4.25 millones restantes para completar su ejecución.
También se identificó que ciertas partidas fueron ejecutadas sin la debida autorización, violando la Ley de Contrataciones del Estado. Entre estas se encuentra el «mejoramiento de subrasante» en las progresivas 0+810 a 0+903, lo que constituye una transgresión normativa grave.
Responsabilidad de la gestión municipal
El alcalde David Rosales delegó la aprobación de adicionales de obra a Edo Juver Garay Cornelio, gerente municipal, omitiendo que estos superaban el 15% del contrato, lo que requería la autorización previa de la Contraloría. Esta negligencia podría configurar un delito de colusión.
Asimismo, se detectaron gastos irregulares, como la inclusión de 175 unidades de cajas de desagüe con tarrajeo, a pesar de que el proyectista indicó que este procedimiento no era necesario. También se presupuestaron S/ 50,000 en pintura innecesaria y la contratación duplicada de personal técnico, como un «Ingeniero Especialista en Estructuras» y otro «en Calidad», con funciones similares, lo que sumó S/ 42,806.89 en gastos generales.
Posibles sanciones y denuncias penales
El retraso en la aprobación de estos adicionales, que se presentaron con seis días hábiles de demora, podría exponer a la municipalidad a sanciones, denuncias y ampliaciones contractuales costosas.
Además, el consorcio GOLDAC, a cargo de la supervisión, pertenece a Rafael Escudero y Oswaldo Guerrero, cuyos vínculos con la gestión municipal no han sido esclarecidos.
Ante esta situación, la Contraloría ha recomendado iniciar las acciones legales pertinentes contra los funcionarios responsables y proceder con las denuncias correspondientes en el Ministerio Público.
Mientras la población de Huaraz enfrenta problemas urgentes como inundaciones y deficiencias en los servicios públicos, la gestión de David Rosales ha priorizado una obra cuestionada por sobrecostos, modificaciones irregulares y falta de transparencia. Las autoridades deberán responder por el destino de los fondos públicos y las presuntas irregularidades detectadas.
