FESTÍN DE DENUNCIAS: FISCALÍA INICIA
DILIGENCIAS PARA DECLARAR ILEGAL PARTIDO EN EL QUE MILITA CARLOS ÁLVAREZ
Denuncia fue presentada por el antaurista Javier Sulca Cáceres y pone en la mira a “País para Todos” por presuntas declaraciones antidemocráticas del cómico.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha iniciado diligencias preliminares para evaluar la legalidad del partido político País para Todos, en el que milita el humorista Carlos Álvarez. Esta investigación, impulsada por una denuncia del exmilitante de A.N.T.A.U.R.O., Javier Sulca Cáceres, podría derivar en la disolución de la agrupación y en la exclusión de su participación en las elecciones del 2026.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público acogió la denuncia de Sulca Cáceres, quien argumenta que los discursos públicos de Álvarez vulneran el Pacto de San José y las normas democráticas establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas. Entre las expresiones cuestionadas, el denunciante señala que el cómico ha promovido públicamente la pena de muerte para violadores de menores, la expulsión de ciudadanos extranjeros, el desconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia por mano propia en caso de inacción de las autoridades.
Según la disposición fiscal emitida el pasado 19 de marzo, a la que accedió Perú21, Sulca Cáceres ha presentado un USB con grabaciones de Álvarez para sustentar su acusación. Ante ello, la fiscal Espinoza ha programado para el 2 de abril una diligencia en la que se evaluarán estas declaraciones.
Cabe recordar que Sulca Cáceres, quien fue condenado a 16 años de prisión por su participación en el Andahuaylazo, militó en el partido de Antauro Humala hasta que este fue declarado ilegal por la Corte Suprema debido a su discurso y plan de gobierno antidemocrático.
Si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes, podría solicitar ante la Corte Suprema la disolución de País para Todos, replicando el proceso que llevó a la desaparición de A.N.T.A.U.R.O.
Este caso reaviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito político y la aplicación de la normativa electoral frente a discursos que podrían ser considerados antidemocráticos o contrarios a los compromisos internacionales del país.
