
Cifras de espanto. Del 1 de enero al 22 de marzo del presente año, en Perú han ocurrido un total de 503 homicidios violentos; es decir un asesinato cada 4 horas, según el más reciente reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
La cantidad de muertes violentas en el primer trimestre del año es un récord a lo largo de los últimos 9 años. De enero a marzo de 2024, el Sinadef arrojó 469 homicidios; en 2023 en el mismo periodo de tiempo, dicho número fue de 345; y en 2022 hubieron 417 homicidios.
Asimismo, el Sinadef en 2021 registró 329 crímenes violentos; en 2020 la cantidad de asesinatos fue de 314 y en 2019 dicho indicador alcanzó las 279 personas muertas. Finalmente, en 2018 la cifra de homicidios fue de 179 y en 2017 dicho número de víctimas fue de 174.
De acuerdo al analista de datos Juan Carbajal, el promedio diario anual de homicidios en lo que va de 2025 es de 6.3, una tasa superior al 2024, donde el índice fue de 5.6. De esta forma, de seguir esta tendencia creciente, el año 2025 podría superar en más del 10% a lo registrado en 2024, avirtió Carbajal, tras revisar la información del Sinadef.
Frente a esta terrible realidad, el Gobierno ha declarado en emergencia a Lima Metropolitana y el Callao, sin ninguna otra acción contundente para acabar con la criminalidad. Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado un proyecto de ley para reponer el servicio militar obligatorio y la mandataria ha invocado públicamente a instaurar la pena de muerte para criminales.
En diálogo con Péru21, Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, consideró de «absurda» la propuesta de reinstaurar el servicio militar obligatorio.
«Me parece, realmente, un absurdo, porque el servicio militar obligatorio no genera capacidad ni cualidades de investigación en el ámbito criminal, ni tampoco genera, absolutamente, nada que permita luchar contra la extorsión«, declaró Valdés.
«Para luchar contra la criminalidad se requiere más inteligencia; inversión para control territorial y una central de la policía repotenciada y operativa; invertir en los departamentos de investigación criminal, dotándolos de tecnología, base de datos, inteligencia artificial; y potenciar las unidades de criminalística», detalló.
«Eso hace falta, no el servicio militar obligatorio. Me parece que estamos en manos de gente muy poco preparada, que tiene muy poco conocimiento para analizar temas de seguridad y que, generalmente, están proponiendo temas y soluciones absurdas», concluyó Valdés.