La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó dos demandas de inconstitucionalidad para anular la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad y la norma que permite a la Policía Nacional realizar investigaciones preliminares.
La Fiscalía informó a través de un comunicado que se interpuso ambos recursos ante el Tribunal Constitucional.
Espinoza alegó que la primera ley vulnera el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, al debido proceso, a la igualdad; así como desconoce la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Refirió que la calificación de una conducta como de lesa humanidad solo puede efectuarse a partir de la vigencia (1 de julio de 2022) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003).
Sobre la segunda ley, argumentó que solo el Ministerio Público es el encargado de la acción penal y, por tanto, conduce desde el inicio la investigación del delito, para poder formalizar y acusar con el auxilio policial.
Otros puntos que representan una causal de inconstitucionalidad, dice el comunicado, son los que establecen que la investigación tiene que hacerse necesariamente con la intervención de la Policía Nacional del Perú y el que señala que, entre el Ministerio Público y la PNP habrá relaciones de “coordinación de manera conjunta”.
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