Delia Espinoza señala que carpetas fiscales contra Pedro Castillo, Guido Bellido, Dina Boluarte, Alberto Otárola, exministros y nueve congresistas están pendientes de trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde enero.
Delia Espinoza le ha dicho al Congreso que se apure, que se ponga a trabajar. Lo ha puesto contra las cuerdas. Y aunque tal vez ya sea tarde, pues quedan unos días para terminar la Legislatura, la fiscal de la Nación no ha escondido su molestia y ha solicitado que se dé trámite a un total de 16 denuncias constitucionales que su entidad ha remitido desde enero de este año a ese poder del Estado.
Un tremendo jalón de orejas a la labor congresal que Espinoza ha hecho saber a través de un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, en la que solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside ahora la apepista María Acuña, impulse de una vez por todas estas 16 carpetas fiscales.
Entre las denuncias pendientes incluidas en el oficio está la que se presentó contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado a propósito de las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023 y que alcanza a seis de sus exministros: Alberto Otárola, Pedro Angulo, Jorge Luis Chávez Cresta, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. Esta denuncia se presentó el 30 de julio pasado por el entonces fiscal Juan Carlos Villena.
Otras tres denuncias involucran al expresidente Pedro Castillo Terrones, una de ellas por peculado de uso, al disponer de naves militares para el traslado de sus familiares. Las otras dos son por nombramiento ilegal. Una por designar a Daniel Salaverry como presidente del directorio de Petroperú, y otra por nombrar a Juan Carrasco como ministro del Interior. En este caso, la denuncia alcanza también a Guido Bellido, el entonces premier.
También, según señala la Fiscalía, se encuentra pendiente en la SAC la denuncia constitucional contra el exministro de la Producción del gobierno castillista, José Prado Palomino, por direccionar la contratación de su sobrino en una entidad adscrita a su cartera. Esta denuncia se presentó el 24 de enero.
MOCHASUELDOS Y MÁS
Y no podían faltar los congresistas. En la lista remitida por la Fiscalía se incluye las denuncias a nueve parlamentarios, cuatro de estos hoy en la bancada de Podemos Perú, de José Luna Gálvez: Jorge Flores Ancachi, Heidy Juárez, Edgar Tello y José Arriola, todos por el delito de concusión, tras haber sido denunciados por recortar el sueldo a sus trabajadores.
Completan la lista enviada por Espinoza las legisladoras apepistas Magaly Ruiz (colusión) y Rosío Torres (concusión); Roselli Amuruz de Avanza País (negociación incompatible); Katy Ugarte, del Bloque Magisterial (concusión); y María Córdova de Renovación Popular (peculado doloso).
Todas estas denuncias fueron presentadas por la Fiscalía entre el 25 de enero y el 26 de septiembre.
SAC SE DEFIENDE
Contrario a la lentitud de la que se le acusa, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí que fue rápida para responder el oficio de la Fiscalía. A través de sus redes sociales, este grupo de trabajo que preside María Acuña se pronunció señalando que todas las denuncias constitucionales a su cargo “se tramitan de manera general y las tratamos con justicia y sin estar sujeto a mandato imperativo, con tratamiento por igual para todos”.
La SAC asegura que de las 16 denuncias 11 ya fueron tramitadas y cinco están pendientes.
