La consejera regional por Áncash, Yanet Pinto Toledo, se dirigió públicamente al diputado Adrián Alvarado a través de sus redes sociales para exigirle mayor firmeza institucional, solicitándole un viraje desde la confrontación pública hacia la formulación concreta de iniciativas legislativas en beneficio del departamento.
Mediante un pronunciamiento oficial, la fiscalizadora regional enfatizó que el departamento requiere planteamientos normativos específicos y no únicamente diagnósticos de la coyuntura regional. En tal sentido, dirigiéndose a la condición profesional y representación parlamentaria de Alvarado, demandó respuestas frente a la paralización del proyecto Santa Rosa de Viterbo y solicitó precisiones sobre el marco legal que se impulsará para subsanar los problemas estructurales del aparato estatal.
En el aspecto metodológico y de fiscalización, la consejera expuso tres ejes críticos que demandan intervención del Poder Legislativo. El primero corresponde a los Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD), señalando que los expedientes remitidos por el Consejo Regional sufren dilaciones superiores a diez meses para posteriormente ser archivados, además de objetar la injerencia de funcionarios locales en la evaluación de sus propios dependientes, ante lo cual inquirió por reformas que garanticen imparcialidad y celeridad procesal.
El segundo tema de análisis aborda la recurrente deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos, causa originaria de la paralización de obras públicas, solicitudes de adicionales y sobrecostos presupuestales. Al respecto, cuestionó las medidas normativas que se implementarán para deslindar responsabilidades penales y civiles entre los consultores que aprueban dichos estudios sin los estándares técnicos requeridos.
Como tercer punto, Pinto Toledo abordó las garantías en la contratación pública, citando la aplicación del mecanismo de retención en valorizaciones en lugar de cartas fianza en la obra de Santa Rosa de Viterbo. La representante solicitó explicaciones sobre los proyectos de ley orientados a fortalecer el sistema de contrataciones para frenar la adjudicación de contratos a consorcios sin respaldo técnico ni financiero.
Respecto al vínculo con el Ejecutivo Regional, la consejera manifestó que la falta de atención denunciada por el parlamentario ha sido una constante soportada por el pleno del Consejo Regional durante los cuatro años de gestión. Sin embargo, precisó que corresponde al Congreso tipificar sanciones drásticas e instrumentos de control político para evitar que las autoridades regionales omitan sus deberes de rendición de cuentas ante el órgano deliberativo.
Finalmente, la funcionaria instó al parlamentario a ejercer sus prerrogativas de control y producción normativa, remarcando que el trabajo del Consejo Regional se limita al ámbito fiscalizador y declarativo. En su mensaje final, sostuvo que el contexto ancashino demanda soluciones legislativas concretas y no discursos mediáticos.
