Un clima de alta tensión e incertidumbre se vive en el Centro Poblado de Jatun Pongor y sus alrededores. La directiva de la Comunidad Campesina Alfredo Montero viene promoviendo un conflicto territorial y social al pretender desconocer la posesión histórica, así como los usos y costumbres de los pobladores sobre predios y terrenos comunales.
Esta controversia afecta directamente a las familias de los caseríos de Ucru, Paccuash, Huellapu, Acomarca, Shecta, Jecana, Cochapampa, entre otros anexos de la zona, quienes ven amenazados sus derechos sobre tierras que fueron donadas de buena fe por antiguos pobladores e instituciones antes del proceso de la Reforma Agraria.
Desconocimiento de derechos históricos
Según denunciaron los representantes y afectados de la zona, los predios en disputa han sido administrados y trabajados por las familias locales durante generaciones bajo el amparo del derecho consuetudinario. Sin embargo, los recientes reclamos e intromisiones de la Comunidad Campesina Alfredo Montero vulneran la convivencia armónica y generan zozobra entre los comuneros y agricultores del sector.
«Son terrenos que nuestros antepasados recibieron de buena fe antes de la reforma agraria. No se puede pretender desconocer de la noche a la mañana la historia y los acuerdos que han mantenido la paz social en nuestros caseríos», manifestaron pobladores de la zona.
Llamado urgente a las autoridades
Ante el riesgo inminente de enfrentamientos y la alteración del orden público en esta parte de la Cordillera Negra, la población de Jatun Pongor y sus caseríos hacen un llamado público y urgente a las instituciones del Estado:
- Defensoría del Pueblo: Para que intervenga de oficio en la prevención y mediación de este conflicto socioambiental/territorial.
- Fiscalía de Prevención del Delito: A fin de exhortar a las partes a evitar actos de violencia, invasión o perturbación de la posesión.
- Prefectura Regional y Subprefecturas: Para garantizar las garantías personales y la tranquilidad de las familias vulnerables.
Los comuneros de los caseríos afectados exigen la presencia inmediata de las autoridades competentes para entablar mesas de diálogo y frenar cualquier intento de despojo arbitrario antes de que la situación se desborde.
