Intervención inédita fue encabezada por la fiscal provincial de Derechos Humanos, Ada del Rocío Príncipe Asencios, tras denuncias por presunta tortura y delitos conexos atribuidos a personal penitenciario.
El despliegue contó con la participación de fiscalías especializadas y unidades de la PNP, logrando incautar armas punzocortantes, radios y drogas.
Allanamiento judicial y registro integral de instalaciones
Un megaoperativo judicial de gran envergadura y sin precedentes en la región Áncash se ejecutó en el Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez Liendo de Huaraz, tras la emisión de una orden judicial de allanamiento, descerraje, registro personal e incautación de bienes.
La diligencia, que se extendió por más de 14 horas continuas, tuvo como particularidad extender las inspecciones no solo a los pabellones de la población penal, sino también a los espacios físicos y oficinas ocupadas por funcionarios, servidores públicos y agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Declaraciones de la fiscal Ada del Rocío Príncipe e incautaciones
La fiscal provincial de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash, Ada del Rocío Príncipe Asencios, brindó alcances tras la conclusión del operativo, remarcando la trascendencia de la intervención judicial para la transparencia del sistema penitenciario.
Durante la revisión exhaustiva de ambientes y requisas personales, las autoridades decomisaron una amplia variedad de elementos no autorizados:
- Armas y punzones: Se incautaron navajas, punzones artesanales y objetos contundentes de fabricación casera.
- Equipos y accesorios: Se hallaron aparatos de radio, pipas artesanales y colillas de cigarrillos.
- Sustancias prohibidas: Se detectaron envoltorios con presuntas sustancias ilícitas (drogas), las cuales fueron rotuladas y lacradas con el soporte de la unidad canina para los análisis correspondientes.
Investigación por tortura y amplio despliegue de personal
De acuerdo con las precisiones brindadas por la representación fiscal, la medida judicial responde a la acumulación de denuncias por presuntos actos de tortura y delitos conexos que involucrarían a trabajadores del propio centro penitenciario.
Para garantizar la cobertura del recinto, se movilizó a un equipo conformado por 10 fiscales y 9 asistentes en función fiscal, apoyados por la Fiscalía de Lavado de Activos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y efectivos de la Región Policial Áncash, incluyendo personal del Escuadrón Verde y del Grupo Terna.
