Expresidenta comunal confirma que sentencia absolutoria con calidad de cosa juzgada dejó sin efecto adquisición valorizada en S/ 4.8 millones.
Poder Judicial resuelve en última instancia a favor de la comunidad
La expresidenta de la Comunidad Campesina Alfredo Montero de Atumpongo ratificó que el Poder Judicial concluyó de manera definitiva el proceso judicial sobre los predios comunales en disputa con la Municipalidad Provincial de Huaraz, emitiendo resoluciones y casaciones con calidad de cosa juzgada a favor del fuero comunal.
De acuerdo con las declaraciones de la dirigencia, la sentencia ejecutoriada en todas sus instancias determinó la nulidad de la compra de los terrenos realizada por la comuna huaracina a supuestos usufructuarios y vendedores no autorizados, acción que demandó un desembolso de aproximadamente S/ 4 800 000.00 de fondos públicos.
Acciones de saneamiento registral y mejor derecho de propiedad
Tras el fallo judicial definitivo, la representación comunal confirmó que ha iniciado una demanda formal por mejor derecho de propiedad para requerir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la rectificación de los asientos e inscripciones.
La dirigente aclaró que la partida registral de la comunidad data de 1983, mientras que la partida generada por la municipalidad corresponde al año 2020. Asimismo, exhortó a la administración municipal a accionar legalmente contra los vendedores y supuestos representantes que ejecutaron la venta ilegal para exigir la devolución íntegra del erario municipal.
Cuestionamientos a la gestión del alcalde David Rosales Tinoco
La vocera comunal criticó el accionar del alcalde provincial David Rosales Tinoco y su cuerpo de asesores legales, señalando contradicciones en sus declaraciones públicas pese a tener conocimiento del mandato judicial firme.
Finalmente, la dirigencia anunció que el fuero comunal se prepara para conmemorar el segundo aniversario de la recuperación física de sus territorios e instó al Ministerio Público a actuar con imparcialidad respecto a las denuncias presentadas por actos de amedrentamiento registrados durante el conflicto socioambiental.
