Informe advierte que gestión de Koki Noriega omitió alertas de la ANA pese a tener 186 millones de soles disponibles para prevención.
El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash (GRA) detectó que la entidad regional no realizó las acciones necesarias para gestionar la atención de 92 puntos críticos identificados en diversos ríos y quebradas del departamento. Esta grave omisión se mantuvo pese a que la gestión recibió desde enero de este año las fichas técnicas elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y contaba con las facultades legales y financieras para ejecutar las intervenciones. El hallazgo expone la inacción de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres ante peligros catalogados como «altos» y «muy altos».
Detalles del suceso y riesgos para la población ancashina
El Informe de Visita de Control n.° 045-2026-OCI/5332-SVC, elaborado tras una evaluación realizada entre el 3 y el 9 de julio de este año, advierte que la inactividad del GRA mantiene en peligro inminente a miles de ciudadanos, viviendas, infraestructura pública, vías de comunicación y extensas áreas de cultivo frente a posibles inundaciones, desbordes y procesos erosivos. La Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama remitió las 92 fichas técnicas referenciales el 8 de enero de 2026; sin embargo, la gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres confirmó a la comisión de control que no realizó gestiones oportunas para mitigar los riesgos antes de la llegada de la temporada de lluvias. Asimismo, la Contraloría precisó que catorce intervenciones aisladas ejecutadas en 2025 mediante un convenio con el Ministerio de Vivienda resultan insuficientes y no cubren las exigencias técnicas planteadas por la ANA.
Reacciones y medidas presupuestales del gobernador Koki Noriega
El órgano de control verificó además que el GRA no formuló requerimientos presupuestales ni incorporó recursos para estas obras, a pesar de que la Ley de Presupuesto 2026 le permitía utilizar hasta el 20% de sus ingresos por canon, sobrecanon, regalías y Foncor para la reducción de riesgos. Con un presupuesto institucional modificado de 934.9 millones de soles en dichos rubros, la gestión de Koki Noriega Brito estaba facultada para destinar hasta 186.9 millones de soles a tareas de prevención; no obstante, solo asignó 8.7 millones de soles al programa de reducción de vulnerabilidad y apenas había girado 1.5 millones al momento de la evaluación. Ante esta alarmante situación, la Contraloría notificó formalmente al gobernador regional el pasado 14 de julio, otorgándole un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar un plan de acciones correctivas inmediatas.
