La Junta Nacional de Justicia (JNJ) proclamó y tomó juramento a 72 jueces y 172 fiscales titulares, quienes se incorporarán de forma inmediata a la administración de justicia en las diferentes regiones del país. El proceso responde a los resultados de diez convocatorias bajo concurso público de méritos.
¿Quiénes asistieron y qué autoridades lideraron la ceremonia?
El acto protocolar se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima (LCC) y congregó a los principales representantes de los poderes del Estado y organismos autónomos.
- Altas autoridades del sector: Contó con la presencia del presidente encargado del Poder Judicial y la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga; el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.
- Representación del Ejecutivo: Participó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.
- Cuerpo oficial de la JNJ: La entrega de medallas y títulos institucionales estuvo a cargo de la presidenta del organismo, María Teresa Cabrera Vega, junto a los miembros del Pleno: Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Jaime de la Puente Parodi, Cayo Galindo Sandoval y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.
La alta dirección de la JNJ precisó que este despliegue meritocrático requirió de 76 sesiones de Pleno —entre ordinarias y extraordinarias— desarrolladas de forma continua desde el 6 de enero de 2026.
Enfoque de descentralización y lucha contra la provisionalidad
Durante el discurso de orden, la doctora María Teresa Cabrera Vega remarcó el impacto estructural que tendrá esta incorporación masiva en el sistema judicial.
“El Perú necesita de jueces y fiscales que actúen con firmeza frente a la corrupción, la criminalidad y que comprendan que la legitimidad de la justicia se construye con una conducta ejemplar dentro y fuera de los despachos”, enfatizó la presidenta de la JNJ.
Con la titulación de estos 244 magistrados provenientes de diversos distritos judiciales de todo el país, el organismo autónomo busca mitigar el índice de provisionalidad en las plazas del Ministerio Público y el Poder Judicial, asegurando la predictibilidad, idoneidad e independencia en la atención de los justiciables.
