La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó explicaciones formales al Estado peruano respecto a presuntas vulneraciones de derechos humanos y afectaciones ambientales en el distrito de San Marcos, provincia de Huari. El requerimiento guarda relación con las operaciones de la Compañía Minera Antamina.
¿Qué información específica exige el organismo internacional?
La comunicación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU plantea la necesidad de esclarecer las acciones de fiscalización en la zona de influencia minera.
- Evaluación técnica: Explicar los fundamentos técnicos que sustentaron la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la empresa hasta el año 2036.
- Fiscalización: Detallar las investigaciones gubernamentales en curso y las medidas adoptadas para la protección de la salud de la población local.
- Seguridad dirigencial: Informar sobre la situación de Julio Rímac Damián, presidente del FEDIP San Marcos, quien reportó presuntas amenazas por parte de personas armadas antes de un viaje de incidencia internacional.
El organismo internacional busca verificar si los procedimientos de supervisión cumplen con los estándares y convenios internacionales suscritos por el país.
Respuesta formal del Estado peruano ante las Naciones Unidas
En el descargo oficial remitido a la ONU, las entidades del sector público peruano detallaron las acciones de control ejecutadas en la provincia de Huari.
El informe del Estado se centró en la recopilación de los monitoreos ambientales, procesos de fiscalización y supervisiones técnicas desarrolladas por los organismos competentes.
Las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas informaron que mantendrán el seguimiento del caso para asegurar la prevención de afectaciones y el esclarecimiento total de las denuncias presentadas por las comunidades ancashinas.
