La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, cerró de forma definitiva los procesos contra el exjefe del Gabinete, el expresidente Pedro Castillo, la fiscal suprema Patricia Benavides y el defensor del Pueblo.
En una sesión de alto impacto político, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el archivo definitivo de la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. Asimismo, el grupo de trabajo parlamentario declaró improcedentes otras nueve denuncias constitucionales que involucraban a una veintena de altos funcionarios, entre ellos congresistas en funciones, exministros de Estado, fiscales supremos y al actual defensor del Pueblo.
Con una votación de nueve votos a favor y dos en contra, la SAC respaldó el informe final de la Denuncia Constitucional 520, la cual había sido interpuesta por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. La acusación del Ministerio Público señalaba a Otárola como presunto instigador de los delitos de colusión simple y agravada por una supuesta injerencia indebida en la contratación de Rosa Rivera Bermeo en Devida, mediante órdenes de servicio de manera irregular. Sin embargo, el informe aprobado determinó que la fiscalía no aportó los elementos probatorios ni la evidencia suficiente para acreditar una participación directa del exjefe del Gabinete Ministerial con la citada trabajadora.
Blindaje masivo en la subcomisión
Durante la misma jornada, la subcomisión desestimó por mayoría (siete votos a favor) la Denuncia Constitucional 620 presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, tres exministros y 24 congresistas. La tesis fiscal imputaba a Castillo el liderazgo de una presunta organización criminal con un «brazo congresal» para asegurar respaldo político. Pese a que el informe de calificación inicial sugería admitir el caso de forma parcial contra diez parlamentarios, el congresista Elvis Vergara solicitó el archivo integral de todo el expediente, propuesta que terminó prosperando.
Finalmente, la balanza parlamentaria también favoreció al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, archivando dos denuncias en su contra: una por presunto nombramiento ilegal en La Libertad y otra promovida por Ruth Luque sobre la elección de la Junta Nacional de Justicia. En esa misma línea de improcedencia quedaron archivados los casos de la fiscal suprema Patricia Benavides (investigada por cohecho y abuso de autoridad), los exministros de Vivienda Francisco Whittembury y Alejandro Sifuentes, y los legisladores Elizabeth Medina, Luis Cordero Jon Tay y Carlos Zeballos, acusados previamente de presunto recorte de sueldos y falsedad ideológica.
