El fiscal Christian Amado Jara dispuso iniciar las diligencias en sede fiscal tras la denuncia que señala que la agente asfixió a una menor que se habría negado a entregar su celular durante una charla escolar.
Un indignante caso de presunta violencia policial en el interior de un centro educativo ha encendido las alarmas en el distrito de San Martín de Porres (Lima). El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla abrió una investigación preliminar de urgencia contra la efectiva de la Policía Nacional del Perú (PNP), Anaí Ramos, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y homicidio en grado de tentativa en agravio de una menor de edad.
El grave incidente se registró en las instalaciones de la Institución Educativa N° 3032 Villa Angélica. De acuerdo con los términos de la denuncia formal, la agente Ramos había acudido al plantel pedagógico con la finalidad de brindar una charla informativa a los estudiantes; sin embargo, ante la aparente falta de atención del alumnado, la funcionaria pública se habría alterado notablemente. Al percatarse de que la víctima y una compañera de aula compartían risas, la policía intentó decomisarle el teléfono celular a la estudiante. Ante la resistencia de la escolar, la uniformada la retiró por la fuerza del salón de clases y, una vez en el pasadizo, la habría tomado del cuello, ejecutando una maniobra de ahorcamiento que solo detuvo cuando la menor logró manifestar, con dificultad, que padecía de asma.
Frente a la gravedad del panorama, el fiscal provincial Christian Amado Jara asumió la conducción directa del caso y dispuso de manera taxativa que las investigaciones se desarrollen estrictamente dentro de la sede del Ministerio Público. Como parte de la agenda de esclarecimiento, el despacho fiscal programó la toma de declaraciones de la escolar afectada —bajo los protocolos de protección al menor—, la versión de la policía investigada, los testimonios del tutor del aula y del director del colegio, así como la intervención del procurador público del Ministerio del Interior. Asimismo, peritos del sistema fiscal procederán con la visualización y análisis de los videos de la agresión que captaron los propios alumnos y verificarán los registros de las cámaras de seguridad internas de la institución.
