
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa declaró infundada la apelación de Deyson Juárez Solís. El sentenciado, quien ya se encuentra recluido en el penal de Cambio Puente, deberá pagar además una reparación civil de 15 mil soles.
El Poder Judicial dictó una sentencia definitiva y contundente contra la impunidad. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ratificó la condena de 22 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Deyson Wilmer Juárez Solís, tras hallarlo culpable del delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de tan solo 9 años de edad.
El tribunal superior declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del imputado, confirmando en todos sus extremos el fallo emitido originalmente en primera instancia. Con esta resolución, las autoridades judiciales sepultan cualquier intento del agresor por evadir la justicia, ordenando que continúe recluido de forma estricta en el establecimiento penitenciario de Cambio Puente.
Antecedentes de la denuncia
Los hechos que originaron esta severa condena penal se registraron durante el año 2022 en Chimbote. De acuerdo con las investigaciones y las peritajes psicológicos integrados en la carpeta fiscal, la menor aprovechó un momento de confianza para relatarle a su abuela que, cada vez que acudía a la vivienda de Juárez Solís —con quien mantenía un vínculo familiar indirecto—, este procedía a realizarle actos contra el pudor aprovechando la ausencia de otros adultos.
Tras tomar conocimiento del repudiable suceso, los familiares interpusieron la denuncia penal de inmediato ante el Ministerio Público, iniciándose las pericias de cámara Gesell que demostraron el grave daño y la profunda afectación psicológica causada en la víctima.
Reparación civil e inhabilitación
El fallo ratificado por los magistrados de la Sala de Apelaciones también contempla el pago obligatorio de una reparación civil fijada en 15,000 soles, monto que el sentenciado deberá abonar a favor de la parte agraviada para solventar las terapias de apoyo profesional especializadas.
Con esta ratificación, la Corte del Santa sienta un precedente firme en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia, asegurando que los agresores sexuales reciban las penas máximas establecidas en el Código Penal.
