El año 2025 consolidó uno de los periodos más intensos de la política peruana reciente. La sucesión constitucional en el Ejecutivo, las decisiones del sistema electoral, los procesos judiciales contra expresidentes y los cambios en la cúpula del Ministerio Público marcaron una agenda dominada por la institucionalidad, la justicia y la reorganización del poder.
A lo largo de los últimos doce meses, diversos hechos políticos destacados ocurrieron y delinearon el escenario rumbo a las Elecciones Generales de 2026.
Marzo: el Ejecutivo activa el proceso electoral
El Poder Ejecutivo abrió oficialmente el calendario político en marzo, cuando convocó a Elecciones Generales para el 12 de abril de 2026.
El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 039-2025-PCM en el diario oficial El Peruano el 26 de marzo y estableció las reglas para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados del nuevo Congreso bicameral y representantes ante el Parlamento Andino.
La norma también definió la ejecución de una segunda vuelta electoral el 7 de junio de 2026 en caso ningún candidato presidencial supere el 50% de los votos válidos.
Con esta decisión, el Ejecutivo buscó garantizar la continuidad democrática y reducir la incertidumbre política tras meses de inestabilidad institucional.
Días después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fortaleció el proceso al aprobar el cronograma electoral.
El organismo precisó los plazos legales para la inscripción de partidos, alianzas, candidaturas y tachas, y ajustó los hitos conforme a las últimas modificaciones a la legislación electoral aprobadas por el Congreso.
Abril: cierre del padrón partidario y sentencias emblemáticas
Abril concentró varios de los hechos políticos más relevantes del año.
El 12 de abril, venció el plazo para la inscripción de partidos políticos, lo que permitió que 43 organizaciones quedaran habilitadas para participar en los comicios de 2026.
El JNE confirmó la lista definitiva y marcó el inicio de la competencia electoral en un escenario altamente fragmentado.
Tres días después, el Poder Judicial (PJ) emitió una de las sentencias más contundentes del 2025.
El tribunal condenó al ex jefe de Estado, Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado, relacionado con el financiamiento de sus campañas electorales del 2006 y 2011. El fallo también alcanzó a su esposa, Nadine Heredia.
Tras la lectura de la sentencia, las autoridades penitenciarias recluyeron a Humala en el penal de Barbadillo, mientras Heredia solicitó asilo diplomático en Brasil.
El juzgado ordenó además el pago de una reparación civil de 10 millones de soles. La decisión judicial reavivó el debate nacional sobre corrupción y responsabilidad política.
Mayo y junio: el caso Alejandro Toledo avanza en tribunales
Durante el segundo trimestre del año, el proceso judicial contra el exmandatario Alejandro Toledo volvió al centro del debate público.
El PJ avanzó en la evaluación de nuevas pruebas vinculadas al caso Interoceánica y mantuvo las audiencias del juicio oral, mientras la Fiscalía reforzó su acusación por delitos de colusión y lavado de activos.
El caso Toledo reafirmó la tendencia de un 2025 marcado por el juzgamiento de exmandatarios y consolidó la percepción ciudadana de una etapa de rendición de cuentas sin precedentes en la historia política reciente del territorio nacional.
Julio y agosto: tensiones en el Ministerio Público
En la segunda mitad del año, el Ministerio Público protagonizó uno de los episodios institucionales más complejos.
La fiscal suprema Delia Espinoza asumió un rol central al encabezar decisiones administrativas y disciplinarias en medio de la controversia por la situación legal de Patricia Benavides.
Las autoridades judiciales y constitucionales evaluaron la condición de Benavides tras las investigaciones en su contra, mientras Espinoza impulsó acciones para garantizar la continuidad funcional del Ministerio Público.
El conflicto ocasionó pronunciamientos del Congreso, del Poder Judicial y de organismos constitucionales, que insistieron en preservar la autonomía fiscal.
Octubre: sucesión constitucional en la Presidencia
El punto de quiebre político del 2025 llegó en octubre, cuando el Congreso declaró la vacancia de Dina Boluarte.
En cumplimiento del orden constitucional, el entonces presidente del Parlamento, José Jerí Oré, asumió la Presidencia de la República.
Jerí Oré juró al cargo con el compromiso de garantizar estabilidad, respetar la separación de poderes y conducir un proceso electoral transparente.
En su primer mensaje, el mandatario afirmó que su gestión priorizaría la gobernabilidad y la transición democrática.
Un año que reconfiguró el poder político
Con elecciones en marcha, expresidentes condenados o procesados, y una nueva conducción del Ejecutivo, el 2025 cerró como un año decisivo.
Los hechos políticos destacados ocurridos en este periodo redefinieron la relación entre justicia, política e institucionalidad, y dejaron al Perú ante un 2026 cargado de expectativas, desafíos y definiciones históricas.
Diario Expreso
