El 2025 fue marcado por sentencias históricas contra cuatro expresidentes que hoy purgan cárcel: Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Cifra lamentable para la democracia peruana y que solo tenderá a aumentar si se miran los procesos penales inmediatos. Las elecciones marcarán la agenda de 2026, pero los juicios tienen su propio pulso y definen, según sea el caso, el decurso de la política.
El prófugo Vladimir Cerrón quiere intentar hasta el último ser candidato presidencial en 2026; sin embargo, lo único seguro que le espera el próximo año es que afrontará un nuevo juicio. Y esta vez no debe responder por actos de corrupción, como ya nos tiene acostumbrados, sino por afiliación terrorista. Cada vez que afronta un proceso penal es por un delito más grave que el anterior.
A Cerrón, que quiere llegar a Palacio de Gobierno con su partido Perú Libre, se le imputa haber sido integrante del Sendero Luminoso encabezado por los Quispe Palomino.
Fue el testigo Eddy Villarroel, conocido como ‘Sacha’, quien confirmó que el exgobernador regional de Junín mantenía contacto con la organización terrorista a través del operador propagandístico de esta, Alex José Pimentel Vidal, entre 2016 y 2017.
La ideología criminal de SL buscaba espacios políticos que le permitieran consolidar presencia y difusión, y Cerrón se prestó para esos fines, según la investigación.
Por ello, la Fiscalía requirió 25 años de cárcel contra la exautoridad regional, y el Poder Judicial autorizó en octubre último dar pase al juicio oral para determinar su culpabilidad. Aunque no fue el único comprometido en este caso.
Otro candidato implicado es Guido Bellido, quien postula al Senado con Podemos Perú de José Luna Gálvez. El expremier de Pedro Castillo, que llegó a ser congresista con Perú Libre, es imputado de incluso haber asistido a los campamentos terroristas.
Esos sitios eran lugares de adoctrinamiento ideológico y de adiestramiento para el uso de armas, como lo ha corroborado la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.
En esos mismos hechos está comprometido el exlegislador Guillermo Bermejo. La diferencia es que con el exparlamentario ya se comprobó que sí acudió a los campamentos senderistas y por eso fue condenado a 15 años de cárcel en 2025.
Pero lo que termina por hundir más a Bellido y Bermejo, que quería ser candidato presidencial con la coalición de izquierda Venceremos, es que buscaron impedir la declaración de ‘Sacha’ contra ellos ya siendo congresistas.
Debido a ello, el juez Wilson Verástegui autorizó el inicio del juicio contra los dos por el delito de obstrucción a la justicia. Pueden ir más de 7 años a la prisión si se demuestra su responsabilidad.
Villarán en etapa decisiva
El desenlace del juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, será en 2026 si no existen contratiempos.
Villarán es acusada de haber recibido US$11 millones de aportes de las empresas OAS y Odebrecht para financiar sus campañas del “No a la revocatoria” (2013) y de intento de reelección (2014).
De acuerdo con el fiscal José Domingo Pérez, en retribución, la exburgomaestre favoreció a ambas empresas con la concesión de peajes.
La misma exfuncionaria reconoció en 2019 la gestión que hizo con las constructoras brasileñas a través de su entonces gerente municipal José Miguel Castro, fallecido trágicamente de un corte en el cuello este año.
El deceso de Castro, que tiene indicios de homicidio, ha ensombrecido aún más el caso Villarán porque se trataba de un potencial colaborador eficaz que apuntó toda la responsabilidad contra su exjefa.
La exautoridad edil, por su parte, quiere eludir la culpa y ha exigido al Poder Judicial que se le aplique la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que favoreció a Keiko Fujimori con la anulación de su proceso.
Ese fallo señala que antes de 2016, cuando entra en vigencia la norma que incorporó el lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, los aportes de campaña no declarados no son considerados delitos.
Si bien esa resolución parece clara, solo un juez penal puede decidir su ejecución y, por eso, la acusación contra Fujimori por aportes ilícitos de campaña no ha sido anulada aún, por lo que su juicio en 2026 todavía es posible.
De otro lado, quienes también pasarán por un nuevo juicio son el expresidente Ollanta Humala y su prófuga esposa, Nadine Heredia.
La expareja presidencial ya fue condenada a 15 años de prisión por recibir US$3 millones de Odebrecht para su campaña de 2011, y ahora deben responder por la adjudicación irregular del gasoducto a la misma empresa.
La tesis fiscal es que, durante el gobierno humalista (2011-2016), la constructora brasileña coordinó la concesión, valorizada en US$7,000 millones, a través de su entonces superintendente, Jorge Barata, con Heredia y el propio mandatario.
El proceso se encuentra en control de acusación. Con Humala en el penal y su cónyuge asilada en Brasil, todo está allanado para que el inicio del juicio solo sea cuestión de tiempo.
La fiscal Geovana Mori, a cargo de la indagación, pide a la justicia sentenciar a ambos a 35 años de cárcel por el delito de colusión.
Y el otro político que espera juicio es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El Ministerio Público lo acusa de lavado de activos por dinero que le pagó Odebrecht siendo hombre de gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Según la acusación, PPK recibió pagos, de aparente origen ilícito, a través de sus empresas Westfield y First Capital por consultorías que estas hicieron en los proyectos Trasvase Olmos e Interoceánica Sur.
Por estos hechos, la Fiscalía pide 35 años de cárcel contra Kuczynski, quien tiene 87 años de edad. Solo falta fecha para el inicio de las audiencias.
Y este es el panorama que depara 2026: crítico, no muy distinto al año viejo que ya termina a pesar de que será uno de renovación de cuadros. Por las candidaturas, nada hace prever que habrá mejores gobernantes.
Perú 21
