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La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en el proceso de transferencias financieras a favor de municipalidades provinciales y distritales, en el marco del programa Hatun Áncash IV-2025, a cargo del gobierno regional, al haberse admitido y declarado aptos proyectos de inversión que no cumplieron con la totalidad de requisitos establecidos en la directiva vigente.
Según el informe de control, los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Subgerencia de Estudios e Inversiones admitieron proyectos observados, pese a que la Directiva n.º 005-2025-GRA/GGR/GRI establece de manera expresa que los expedientes que no presenten los 15 documentos obligatorios deben ser declarados no admitidos, sin posibilidad de subsanación o reconsideración.
El equipo de control advirtió que, mediante un acta interna de fecha 18 de agosto de 2025, dichas áreas técnicas modificaron de facto los criterios de admisibilidad y verificación, permitiendo la continuidad de proyectos incompletos, sin contar con la opinión legal ni técnica correspondiente, ni con acto resolutivo que respalde dichas decisiones. Esta actuación habría vulnerado los procedimientos formales para la modificación de directivas internas y afectado la legalidad de las etapas del proceso de transferencia financiera.
Entre los casos revisados figuran proyectos presentados por las municipalidades provinciales de Bolognesi, Huaylas, Carhuaz y Ocros, así como por la municipalidad distrital de Huata, cuyos expedientes fueron calificados inicialmente como observados por incumplir requisitos clave, como certificaciones ambientales, informes presupuestales, certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), formatos de seguimiento y documentación completa de disponibilidad de terrenos. Pese a ello, se les otorgaron plazos de subsanación contraviniendo la directiva vigente.
El informe concluye que el acta utilizada para admitir estos proyectos no tenía validez normativa, al no haber seguido el procedimiento de aprobación, revisión legal ni publicación oficial, comprometiendo así la transparencia y legalidad del proceso de selección y priorización de inversiones financiadas con recursos públicos del programa Hatun Áncash IV-2025.
Ante ello, la Contraloría recomendó al gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, adoptar acciones inmediatas dentro de sus competencias.
