(Por: Dr. Alejandro Flores Pasion?
Hablar hoy de “producción legislativa” del actual Congreso de la República exige una aclaración previa: no toda ley es sinónimo de progreso, ni toda actividad parlamentaria responde al interés nacional. La pregunta clave no es cuántas leyes se han aprobado, sino a quién benefician realmente.
En lo que va del año, el Congreso ha legislado intensamente. Sin embargo, buena parte de esa producción normativa —según el análisis político y múltiples denuncias periodísticas— no ha tenido como prioridad al ciudadano, sino a los propios congresistas, a sus aliados políticos y a un sistema de poder que se protege a sí mismo.
Legislar para blindarse
Diversas iniciativas impulsadas desde el Parlamento han sido calificadas por especialistas y organizaciones civiles como leyes pro-impunidad, normas que debilitan la lucha contra la corrupción, limitan la acción del Ministerio Público, erosionan la independencia judicial o reinterpretan delitos graves en beneficio de investigados.
No es casualidad. Más del 60 % de los actuales congresistas enfrenta investigaciones, procesos judiciales o cuestionamientos fiscales, lo que convierte al Congreso en juez y parte. Cuando quienes legislan son potenciales beneficiarios directos de las leyes que aprueban, la democracia entra en una zona peligrosa.
Copamiento institucional: el poder detrás del poder
El problema no se limita al hemiciclo. Este Congreso ha sido actor central en el copamiento de instituciones clave del sistema democrático: el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y otros organismos que deberían actuar como contrapesos reales del poder político.
El resultado es un entramado institucional funcional a los intereses del Parlamento y de los grupos políticos que hoy sostienen al Ejecutivo. La designación de altos funcionarios cuestionados —incluido un fiscal supremo vinculado a los llamados Cuellos Blancos según investigaciones periodísticas— refuerza la percepción ciudadana de que la justicia ha sido capturada.
El presupuesto como premio
Esta lógica de autoprotección también se expresa en el presupuesto público. El Congreso forma parte del bloque de “otros sectores del Estado”, es decir, gasto no directamente vinculado a servicios esenciales como educación, salud o seguridad.
Para el 2026, la función legislativa pasó de una propuesta inicial de alrededor de S/ 1,250 millones a un monto aprobado de S/ 1,735 millones, lo que representa un incremento cercano al 39 % respecto al 2025. No fue una decisión del Ejecutivo: fue el propio Congreso el que amplió su presupuesto.
Mientras el ciudadano enfrenta inseguridad, hospitales colapsados y educación precaria, el Parlamento se asigna más recursos a sí mismo. El mensaje político es claro: primero ellos.
El blindaje político a Dina Boluarte
Este Congreso no solo se ha protegido internamente. También ha sido clave en el blindaje político de la presidenta Dina Boluarte, bloqueando investigaciones, diluyendo responsabilidades y manteniendo una alianza de conveniencia que beneficia a ambos lados del poder.
La política, así entendida, deja de ser servicio público y se convierte en negocio y supervivencia. Joyas, privilegios, cargos, presupuestos inflados y leyes a medida contrastan brutalmente con la realidad del país.
¿Y el pueblo?
Aquí está la pregunta que duele:
¿Dónde queda el pueblo que los eligió?
Más del 70 % de los peruanos vive de su trabajo diario, del esfuerzo honesto, lejos de la politiquería, del blindaje y del reparto del poder. Ese Perú no legisla, no se blinda y no se protege con leyes hechas a la medida. Ese Perú solo observa.
Conclusión: nunca más
Este Congreso pasará a la historia no por su aporte al desarrollo, sino por haber legislado de espaldas al país, priorizando intereses personales y partidarios sobre el bien común.
La lección es clara y contundente: Nunca más para estos representantes y para los partidos que los sostienen. La democracia no puede seguir siendo rehén de quienes viven del Estado mientras el pueblo vive de su trabajo. La política debe volver a servir al ciudadano. Y si no lo hace, el ciudadano tiene el deber de recordarlo en las urnas.
