La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, lanzó un duro desafío al Congreso de la República tras conocerse su inhabilitación por 10 años para ejercer cargo público. Lejos de aceptar la sanción, Espinoza aseguró que la medida no la desplaza de la autoridad que considera legítima dentro del Ministerio Público.
“Yo me siento la legítima fiscal de la Nación, pese a quien le pese”, declaró en medio de un pronunciamiento cargado de tensión política. La exfiscal denunció que su salida responde a una “estrategia articulada” entre actores políticos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y órganos de control, a quienes acusó de buscar neutralizarla.
Espinoza sostuvo que existía una orden judicial vigente que obligaba a suspender el proceso en su contra y que, pese a ello, el Parlamento procedió con la sanción. “Han actuado coordinadamente para sacarme del camino”, afirmó.
El caso vuelve a encender la confrontación entre el Ministerio Público, el Congreso y las instituciones de control, en un ambiente político marcado por disputas internas y cuestionamientos a la autonomía fiscal. Mientras tanto, la inhabilitación abre un nuevo capítulo en la crisis institucional que arrastra la Fiscalía desde 2022.
