Tras los constantes paros de transportistas en rechazo a los asesinatos de conductores, ahora las organizaciones criminales han puesto en marcha una nueva modalidad extorsiva: quemar buses de transporte público y obligar al pago de cupos a los empresarios formales del sector. En diálogo con Perú21, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), alertó que, en las últimas dos semanas, unos 25 buses han sido incendiados en sus cocheras en tres atentados.
«Me siento totalmente decepcionado, puras promesas. Pedimos una reunión urgente con el presidente o tendremos que hacer un paro entre una semana o semana y media, lamentablemente no nos queda otra opción. Son cinco empresas y cerca de 25 carros quemados en las últimas dos semanas. El último atentado ha sido en una cochera particular donde guardaban buses tres empresas, hablamos de un acto vandálico», declaró Ojeda a este diario.

Ojeda manifestó que los empresarios formales del transporte urbano y los conductores de los buses se encuentran «enervados» y «preocupados» tras el incendio que consumió esta madrugada un total de 18 buses de transporte público de las empresas Etmimsa (15 buses), Etnassac y Angamos en una cochera en la zona de Ceres, en Ate.
«Es un tema de preocupación total. Lamentablemente no tenemos una respuesta concreta del Gobierno, estamos tratando de sacar una cita con el presidente (José Jerí) y está que nos esquiva. ¿Si es nueva estrategia de los extorsionadores quemar buses? Totalmente cierto. Ya desde hace tres semanas atrás han habido dos atentados de la misma magnitud: contra cinco buses de Pegaso SAC, dos buses de La Estrella SAC, y ahora en Ate.¿Si están relacionados al pagos de cupos extorsivos? Se podría decir que sí», declaró Ojeda.
Frente a lo dicho por el coronel PNP Henry Chingay, jefe de la DIVPOL Este, de que el siniestro se habría iniciado por un posible sobrecalentamiento en uno de los buses y que ni las empresas ni los conductores reportaron amenazas previas o denuncias por extorsión, Martín Ojeda señaló: «Las denuncias (por extorsión) son posteriores, y con todo respeto que el comandante Chingay me demuestre que ha sido por corto circuito. Cuando pasa esto, ellos inmediatamente dicen ‘no, es corto circuito’. Es totalmente sospechoso que hayan ocurrido tres atentados en las últimas dos semanas. Es una falta de respeto decir eso en medio de la situación que vivimos», subrayó Ojeda.
Las pérdidas por los buses reducidos a cenizas son millonarias. «El costo de cada bus gira entre 100 mil y 150 mil dolares», dijo, tras anunciar que mañana jueves 4 de diciembre los gremios formales sostendrán una reunión con coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Contra la Extorsión.

A su vez, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, manifestó sus preocupación por la situación de buses quemados en cocheras. Señaló que ello es «sintomático y sospechoso», y podría llevarnos a la conclusión de que los delincuentes están adoptando una nueva modalidad extorsiva, aunque dijo que esperará los resultados de las investigaciones por parte de las autoridades.
Vargas pidió prudencia para no generar falsas alarmas, pues varios de los incidentes ocurrieron en cocheras particulares donde coincidían vehículos de distintas empresas, y no en terminales de operación.
«Terror tenemos; miedo tenemos», admitió, al subrayar que la incertidumbre afecta no solo a los empresarios, sino también a los conductores, quienes podrían dejar de salir a trabajar ante el riesgo creciente. Por ello, anunció que solicitará una reunión con las autoridades policialñes para conocer los avances de las investigaciones y aclarar si existe un patrón detrás de estos hechos.
Vargas insistió en que el problema de la violencia contra el transporte no es reciente: “Es grave desde hace año y medio, desde que nos han matado 150 conductores”. Recordó que los gremios ya presentaron propuestas normativas en octubre y que varias de ellas fueron recogidas en el dispositivo emitido el 3 de noviembre, aunque recalcó que aún falta ver resultados concretos. Entre las medidas urgentes mencionó control territorial y prohibicion de dos personas en una motocicleta.
Si bien reconoció que el gobierno ha empezado a implementar algunas de las recomendaciones —como la creación de una unidad de élite policial— enfatizó que se requiere un seguimiento estricto.
De cara a las nuevas incidencias, adelantó que este tema será planteado en la próxima reunión de su gremio. “No podemos tapar el sol con un dedo. Es sintomático y sospechoso que esté sucediendo esto”, afirmó, aunque reiteró que esperará el pronunciamiento de las autoridades antes de afirmar que se trata de ataques sistemáticos contra terminales.
Perú21
