En su primera entrevista televisiva, el presidente José Jerí anunció que el Ejecutivo tiene planeado reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) como parte de las facultades legislativas solicitadas al Congreso. Frente a las problemáticas detectadas de corrupción, ineficiente acciones de resocialización de internos, proliferación del crimen organizado, ¿cuál debe ser el modelo del nuevo sistema carcelario en el país?
Un recuento de cómo funcionan los sistemas penitenciarios en los países vecinos de Sudamérica, revelan que no hay un modelo efectivo ni perfecto. No obstante, el único sistema que, de acuerdo a la evidencia pública, está funcionando con éxito en la región latinoamericana es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, que el presidente Nayib Bukele ha convertido en un símbolo de la «guerra contra las pandillas».
CHILE
En Chile, el sistema de cárceles funciona en base a un modelo mixto: existen concesiones otorgadas a privados para que dirijan y administren una unidad penal, y cárceles públicas que son operadas directamente por el Estado. En ambos sistemas, la custodia está a cargo de la Gendarmería de Chile.
La idea de ceder en concesión la intervención psicosocial y la provisión de servicios a la población penal tenía el objetivo de avanzar en eficiencia y enfocar los esfuerzos de rehabilitación a la población penal, resguardando la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los internos.
Recientemente, Mauricio Duce, abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, dijo en el programa radial Pauta Propia que el crecimiento «exponencial» de la población penitenciaria es “dramático”, y que este aumento ha deteriorado gravemente la capacidad del sistema para funcionar con normalidad.
El hacinamiento, detalló, está generando “problemas de seguridad, de control, de condiciones básicas de vida” y también “potencia otros factores”, como escenarios más propicios para la corrupción y la actividad ilícita al interior de los recintos.
El académico indicó que los datos más recientes, que son de finales de septiembre, señalan que las cárceles del país había «más de 62,200 personas para una capacidad que supera un poco las 42,000 y la tasa de hacinamiento ya iba en 147%. Y esto se replica tanto en cárceles públicas como concesionadas».
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