El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Ortiz Martínez, detalló las nuevas medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia declarado en los penales de Lima Metropolitana y el Callao, tras una serie de operativos simultáneos que revelaron el uso de equipos electrónicos y vínculos con redes delictivas.
Durante una actividad oficial, el ministro informó que las disposiciones incluyen el corte de energía eléctrica para fines distintos a la iluminación, la restricción del régimen de visitas y la intervención de fuerzas del orden en las zonas aledañas a los establecimientos penitenciarios.
“Estas acciones buscan restablecer el control, cortar la comunicación con redes criminales y garantizar la seguridad dentro y fuera de los penales”, precisó Ortiz Martínez.
“Apagón electrónico” y visitas restringidas
El denominado “apagón electrónico” limitará el uso de energía eléctrica dentro de los centros penitenciarios solo para iluminación, prohibiendo la carga de celulares, radios o dispositivos electrónicos, con el fin de impedir comunicaciones ilegales desde el interior.
Paralelamente, se implementará un nuevo régimen de visitas:
- Los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita cada 15 días.
- Los presos del régimen cerrado especial de alta peligrosidad tendrán hasta dos visitas en el mismo periodo.
Según explicó el titular de Justicia, estas restricciones apuntan a romper la conexión entre internos y organizaciones delictivas externas.
Control perimetral y presencia militar
El Ejecutivo dispuso la creación de comandos conjuntos integrados por la Policía Nacional, el Ejército y los serenazgos distritales, que realizarán patrullaje permanente y control perimetral en las zonas cercanas a los penales de Lima y Callao.
Estas unidades tendrán funciones específicas: supervisión de vías troncales, control de tránsito, vigilancia de perímetros y retiro de antenas ilegales ubicadas en los alrededores, en cumplimiento de la norma que prohíbe asentamientos a menos de 200 metros de los establecimientos penitenciarios.
“El Ejército tendrá un rol clave en la custodia externa de los penales para garantizar el cumplimiento de las restricciones y reforzar la seguridad nacional”, añadió Ortiz Martínez.
Evaluación con polígrafo al personal del INPE
Dentro del plan de reforzamiento institucional, el Ministerio de Justicia dispuso que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sea sometido a pruebas con polígrafo como medida preventiva. Esta acción busca detectar y prevenir posibles vínculos con redes criminales que operan desde las cárceles.
Asimismo, el ministro recordó que todas las medidas se encuentran contempladas en el Decreto Supremo que oficializa el estado de emergencia y que serán implementadas progresivamente en todos los penales de Lima Metropolitana y el Callao.
Los recientes operativos en los penales de San Juan de Lurigancho y Ancón permitieron la incautación de armas blancas, celulares, dispositivos satelitales y libretas con anotaciones, reforzando la necesidad de un control más estricto y coordinado.
“El estado de emergencia nos permitirá articular acciones de inteligencia, control electrónico y vigilancia interinstitucional, con el objetivo de erradicar la criminalidad organizada desde los centros penitenciarios”, concluyó Ortiz Martínez.
