A menos de un año del cambio de Gobierno y menos de dos meses de la fecha límite para aprobar el presupuesto 2026 (30 de noviembre), todo apunta a que el Congreso dejaría una bomba de tiempo económica a la próxima administración. Y es que hay más de S/12,000 millones de costo por iniciativas legislativas que no han tomado en cuenta el gasto público, pero sí el aplauso fácil para intentar ganar votos en las elecciones generales del próximo año.
Una de esas propuestas es la que establece una pensión de S/3,300 para los maestros jubilados y cesantes, cuyo costo podría superar los S/7,395 millones, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Actualmente, la propuesta ya se encuentra como autógrafa y comprende a los profesores jubilados que pertenecen a los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los que están afiliados al Sistema Privado de Pensiones, en función de la remuneración íntegra mensual.
Si bien el proyecto puede tomarse como una medida de justicia para los maestros, una observación que se le hace, además del costo, es que en el caso de los que están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, mostrarían aumentos que no tendrán otros pensionistas, lo cual podría ser tomado como una medida discriminatoria.
Otra iniciativa que también ha generado las alarmas es la que plantea otorgar derechos laborales a trabajadores contratados bajo el Decreto Legislativo 1057: contrato administrativo de servicios (CAS). Acá se incluye gratificación por Fiestas Patrias, Navidad y compensación por tiempo de servicios (CTS). El costo de todo esto superaría los S/2,690 millones.
Según la Dirección de Gestión de Personal Activo (DGPA), una medida de este tipo debilita las acciones de implementación del régimen laboral de la Ley del Servicio Civil. Actualmente, la iniciativa está pendiente de segunda votación, aunque el presidente del Congreso, José Jerí, tras una reunión con dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú, ya informó que se vería este mes.
Por otro lado, se encuentra el proyecto de ley 09040/2024-CR, que propone autorizar el nombramiento progresivo y continuo de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud. El impacto fiscal de esta medida supera los S/792 millones.
Asimismo, está el proyecto 10041/2024-CR, que incorpora a los trabajadores del Poder Judicial que laboran como CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Esto le costaría al Perú más de S/472 millones. Algo similar genera la propuesta 10815/2024-CR, pero para los funcionarios de Sunat. En este último el valor supera los S/207 millones.
En la Comisión de Presupuesto y la de Descentralización también figura la propuesta que dispone el incremento de aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad a todos los funcionarios. La iniciativa busca que el monto se eleve de S/300, que es actualmente, al equivalente a una remuneración mínima (S/1,130), es decir, cuatro veces más de lo que es ahora.
ADVERTENCIA DADA
En el informe de la OCDE llamado “Estudios económicos de la OCDE: Perú 2025”, el cual fue publicado el 29 de septiembre, se hace referencia que a mayo de este año, había al menos 242 proyectos de ley en el Congreso con impactos fiscales negativos, 184 de los cuales aumentarían el gasto público, 42 reducirían los ingresos y 22 afectarían las finanzas subnacionales.
“La mayoría carece de evaluaciones de costos. (…) La contratación pública, que representa casi el 50% del gasto público, es un importante factor de ineficiencia en la inversión pública”, se lee en el documento.
Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas David Tuesta señaló que, a la larga, las medidas que quiere implementar el Congreso se tendrán que pagar con impuestos de todos los peruanos, pues también hay que considerar algunas normas ya publicadas y que cuestan más de S/3,600 millones (entre ellas se encuentran las leyes 31653, 32411, 32424 y 32432).
“La propia OCDE proyecta que la deuda, que está en 33% y que se espera baje a 30% del PBI, suba hasta un 50% por las medidas de gasto que quieren impulsar algunos congresistas”, comentó.
Del mismo modo, cuestionó que en la Comisión de Trabajo se aprobara un dictamen que impide que empleados del Estado sean despedidos cuando una entidad sea reorganizada, lo cual también significará un gasto, pero también una barrera para la contratación.
Gran parte de esto, según explicó, tiene que ver con el populismo de los políticos.
En tanto, el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, afirmó que todo esto debilita la meritocracia y la sostenibilidad fiscal.
“En general tienes a un Congreso que es altamente populista y a un MEF que ha perdido robustez y capacidad de detener la farra fiscal”, resaltó y señaló que esta es una irresponsabilidad que se pagará en las siguientes gestiones.
Además, indicó que se corre el riesgo de que se muevan algunas partidas dentro del presupuesto de 2026, para cubrir las acciones que impulsa el Parlamento sin un análisis mínimo y sin medir el riesgo que generan.
