En una ajustada sesión plenaria, el Congreso de la República aprobó en **segunda y definitiva votación** la llamada “ley salvavidas”, que permitirá garantizar la continuidad académica de miles de estudiantes de universidades asociativas sin fines de lucro cuya licencia fue denegada por la SUNEDU, entre ellas la Universidad San Pedro de Chimbote.
La iniciativa recibió **63 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones**, consolidando así su respaldo legislativo. Según los parlamentarios que impulsaron el dictamen, la norma no constituye un nuevo proceso de licenciamiento, sino una medida **excepcional y temporal** para proteger el derecho de los estudiantes afectados.
Entre sus disposiciones más relevantes, la ley contempla la creación de una **Comisión Técnica de Gestión Excepcional**, presidida por un representante del Ministerio de Educación e integrada por docentes universitarios con grado de doctor y experiencia en gestión, además de un representante estudiantil del tercio superior.
La norma establece que las universidades beneficiadas no podrán abrir nuevos procesos de admisión ni ampliar su oferta académica, y se mantendrá bajo la **supervisión directa de la SUNEDU**. Asimismo, garantiza la **intangibilidad del patrimonio universitario**, con el fin de evitar que sus bienes sean transferidos o liquidados de manera irregular.
El dictamen ha generado reacciones encontradas: mientras sus defensores lo consideran un paso necesario para salvaguardar el futuro académico de miles de jóvenes en regiones como Áncash, críticos advierten que la medida podría prolongar la crisis de instituciones con serias deficiencias estructurales.
La autógrafa de la ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. En el caso de la Universidad San Pedro de Chimbote, la expectativa se centra en cómo se implementará esta medida y en qué condiciones se garantizará la continuidad de los estudios de sus alumnos.— en Universidad Privada San Pedro.
