La Fiscalía de la Nación ejecutó nuevas diligencias en Lima y Lurín en el marco del caso Ícaro, proceso que tiene como uno de sus principales investigados al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Los fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) recolectaron documentación en diversas entidades policiales, fiscales y privadas.
Entre los puntos intervenidos estuvieron la Comisaría de Manchay, la Séptima Región Policial de Lima, la División Policial de Lima Este, la Fiscalía Penal Corporativa de Lurín, así como oficinas de la empresa Arenera S.A.C.. El objetivo fue obtener información sobre el desalojo de un terreno en Cieneguilla, que según las denuncias se habría producido sin una orden judicial vigente.
De acuerdo con el Ministerio Público, en dicho operativo participaron entre 40 y 50 policías que incluso pernoctaron en el predio hasta el día siguiente, lo que refuerza la hipótesis de una actuación irregular coordinada con intereses privados. La diligencia buscó determinar si existió una red de funcionarios públicos y privados que favoreció a una empresa en perjuicio de los legítimos posesionarios del terreno.
Cabe recordar que el caso Ícaro se inició por sospechas de la existencia de una organización criminal enquistada en instituciones del Estado, presuntamente liderada por Santiváñez, y con la participación de oficiales de la Policía Nacional y otros actores. Entre los delitos imputados figuran colusión simple, cohecho pasivo impropio y encubrimiento real.
La investigación también ha puesto bajo la lupa a figuras como el coronel PNP Percy Tenorio, a quienes se acusa de coordinar operativos policiales irregulares en beneficio de privados. El nombre del ministro Santiváñez aparece en diversas diligencias como presunto articulador político de esta red.
En ese sentido, la hipótesis fiscal sostiene que las operaciones cuestionadas no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de actuación: usar recursos públicos y efectivos policiales para realizar desalojos sin respaldo legal, favoreciendo intereses empresariales y poniendo en entredicho la legalidad de las acciones del propio Ministerio de Justicia.
