La democracia necesita información, no silencios. Un proyecto, debatido en la Comisión de Constitución del Congreso, plantea reducir de una semana a un día el tiempo previo a unas elecciones en el Perú en el que rige la prohibición de la difusión de encuestas.
Actualmente, el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones sanciona la vulneración de ese veto con una multa de entre diez y cien unidades impositivas tributarias (UIT), que actualmente es de S/5,350.
En la exposición de motivos de la iniciativa, formulada el 22 de mayo por el legislador Ed Málaga, se indica que mantener la prohibición de una semana “constituye una afectación significativa al derecho constitucional a la libertad de información”, ya que “impide que el ciudadano acceda a información estratégica en una etapa crítica de decisión, limitando su autonomía como votante y desnaturalizando el sentido deliberativo de una campaña electoral democrática”.
Además, añade el documento, “genera escenarios de desinformación, incertidumbre y circulación clandestina de encuestas no verificadas”. Ello se agravará con el desmedido número de candidatos que se prevén para la lid presidencial y parlamentaria de abril de 2026, que se calcula en más de 10,000.
De acuerdo al World Economic Forum, la desinformación ocupa el primer lugar en el ranking de riesgos globales en el mundo. Además, según un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), las fake news se comparten 70% más que las noticias verdaderas. Todo ello se relaciona peligrosamente con el uso de las redes sociales, sobre todo en jóvenes, como la principal fuente de información. El próximo año, más de 2.5 millones de jóvenes ejercerán su derecho a sufragio por primera vez.
NORMA OBSOLETA
La ley, tal cual está en la actualidad, es completamente obsoleta. Eso concluyeron el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, y la abogada constitucionalista Milagros Campos, en conversación con Perú21.
Cómo no, si en América Latina países como México, Costa Rica, Uruguay y Colombia permiten la difusión de encuestas hasta 72 o 24 horas antes de la jornada electoral. En España, la veda es de cinco días antes de las elecciones, mientras que en Francia y Canadá es de solo un día, tal como se plantea para Perú. En tanto, en Estados Unidos, Australia y Reino Unido no existe ningún tipo de restricción.
Loli sostuvo que la prohibición de la difusión de encuestas debería tener el mismo tratamiento que el veto para publicidad electoral y manifestaciones públicas. En el caso de la propaganda, según la Ley Orgánica de Elecciones, se suspende 24 horas antes de la elección. Por su parte, las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, como mítines o caravanas, están prohibidas desde dos días antes de la fecha de los comicios.
“Hay muchísima gente que no se entera sobre las tendencias en la semana de veda, cosa que me parece discriminatorio de alguna forma. También hay que tomar en cuenta que más del 20% de la ciudadanía decide el último día por quién va a votar, lo cual es lamentable. Esas personas están más expuestas a la cantidad de desinformación que habrá en redes sociales”, declaró.
En el mismo sentido, Milagros Campos remarcó que la “norma, tal como está, es obsoleta porque no puedes controlar la información de las redes sociales, con lo cual te privas de información confiable que te permitiría tener una decisión informada”.
Insistió en que aprobar el cambio normativo ayudará a que los ciudadanos tengan acceso igualitario a la información, con el fin de ejercer un derecho a voto consciente, y con todas las herramientas para decidir bien.
“Las democracias consolidadas reducen sustancialmente el plazo de veto, permitiendo a sus ciudadanos electores la posibilidad de tomar su decisión con toda la información disponible”, explicó.
Al igual que Loli, recordó que la ley vigente expone a los electores a posibles noticias falsas o a la manipulación de la información, lo cual, con un nivel de fragmentación política tan alto como el que existe en Perú, podría direccionar una elección.
La modificatoria de esta norma, igual que la que cambia la ley seca, está en la cancha del Congreso.
