Volker Türk advirtió que representa “un retroceso para la Justicia y la Verdad”.
La más reciente intervención de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, deja en una posición incómoda al Perú.
En un mensaje directo y sin ambigüedades, el funcionario internacional afirmó que la ley de amnistía aprobada el mes pasado en el Congreso peruano “constituye un retroceso para la Justicia y la Verdad”. Sus palabras, lanzadas en plena sesión, coincidieron con la presencia del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien asiste en representación del país.
El Alto Comisionado expresó su preocupación por el contenido de la ley y por el contexto más amplio de la situación de derechos humanos en la región.
“Las respuestas brutales no hacen sino provocar más desapego, tensión y violencia”, advirtió, al tiempo que defendió el papel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) como una herramienta esencial para la protección de todos, especialmente de los más vulnerables. El pronunciamiento fue interpretado por varios observadores como una advertencia directa al Estado peruano.
Se espera pronunciamiento de Juan José Santiváñez
La atención ahora está centrada en Juan José Santiváñez, quien se encuentra en Ginebra con el encargo explícito de “fortalecer la presencia del Perú” ante este organismo multilateral. Su presencia en la misma sala donde se dieron estas declaraciones provoca una ola de expectativa sobre cuál será su respuesta, si es que decide emitir alguna. Hasta el momento, el ministro no se pronuncia públicamente sobre la crítica frontal del Alto Comisionado.
Santiváñez participa en esta cita internacional luego de que el Poder Judicial peruano levantara temporalmente el impedimento de salida del país que pesaba sobre él, en el marco de una investigación judicial en curso. Su viaje, autorizado del 6 al 11 de septiembre, fue avalado mediante una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana, en un claro gesto político de respaldo.
La polémica gira en torno a la ley promulgada recientemente, que otorga amnistía a militares, policías y civiles que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000 y que actualmente enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos. Organismos internacionales y sectores de la sociedad civil cuestionan esta norma, por considerar que vulnera principios básicos de justicia y podría favorecer la impunidad.
