La fiscal suprema Patricia Benavides Vargas presentó una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El documento plantea que la titular del Ministerio Público habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad, y solicita su inhabilitación por un periodo de diez años.
El escrito, ingresado formalmente al Parlamento, se basa en el presunto desacato de Espinoza a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dispuso la inmediata restitución de Benavides Vargas como fiscal suprema titular. El texto subraya que la Fiscal de la Nación habría desoído no solo este mandato, sino también los apercibimientos posteriores y reiterados pedidos para que ejecutara la reincorporación exigida por las autoridades competentes.
El documento señala que, si bien finalmente se formalizó el retorno de Benavides Vargas al cargo mediante una resolución administrativa, se hizo utilizando términos que la defensa considera un “evidente proceder denigrante”. Según la acusación, la resolución incluye expresiones que, lejos de fundamentar jurídicamente la decisión, “incurren en hacer una revelación de índole personal” sobre las acciones legales adoptadas por la defensa de Benavides, lo que —según el escrito— tiene un “claro ánimo denigrante”.
“Se advierte que la denunciada, de modo sui generis, y lejos de precisar las razones jurídicas y fácticas que permiten ordenar o asignar el Despacho Fiscal respectivo de mi patrocinada, incurre en hacer una revelación de índole personal, con claro ánimo denigrante”, señala textualmente la denuncia.
Con la presentación formal de la denuncia, la decisión queda ahora en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá evaluar si la acusa procede y si corresponde iniciar el trámite legislativo.
Cabe mencionar que la denuncia se da a solo dos semanas de haberse presentado otra por infracciones a la Constitución, así como por la comisión de los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Todo ello por los mismos hechos: haberse rehusado a acatar la orden de la JNJ.
En ese caso también pidió tramitar la denuncia y aplicar los procedimientos de antejuicio y juicio político, lo que podría derivar en la inhabilitación de Espinoza por hasta diez años para ejercer función pública. Además, que en caso de avanzar la acusación penal, esta sea investigada por una Fiscalía Suprema independiente, debido a los posibles conflictos de intereses, ya que no corresponde que la fiscal de la Nación sea investigada por sí misma o por fiscales supremos nominados por ella.
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